SAN SEBASTIÁN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián ha estimado la demanda judicial impulsada por CCOO Euskadi y ha concedido la Incapacidad Permanente Total a una trabajadora de DINUY de 55 años, tras ocuparse durante 37 años en el montaje manual de aparatos eléctricos, mientras la empresa "incumplía las mas elementales medidas preventivas".
Según ha explicado el sindicato, la trabajadora ha padecido desde el 2002 sucesivas bajas "con intervenciones quirúrgicas de túnel carpiano, dos en cada muñeca y otra del nervio cubital del codo, todas ellas derivadas de enfermedad profesional, como consecuencia de los continuos movimientos repetitivos y posturas forzadas en muñecas y codos, hasta que la incapacitaron para dicha profesión".
La central sindical ha indicado que estas lesiones músculo esqueléticas se producían "sin que la empresa ni los Servicios de Prevención, subcontratados por la empresa, investigaran la causa de las bajas e intervenciones derivadas de enfermedad profesional, infringiendo la legislación preventiva, al continuar sin evaluar los riesgos ergonómicos en la empresa".
Además, ha denunciado que "fueron engañados con irregulares reconocimientos médicos, realizados por Medical Prevención XXI, con personal no autorizado, al carecer de la titulación de especialista requerida". Tras la intervención sindical de CCOO en el verano de 2013, Osalan detectó las irregularidades preventivas y la trabajadora fue finalmente declarada "no apta" por el Servicio de Prevención.
"ESCANDALOSO"
Para el sindicato, resulta "escandalosa" la actitud de los "peritos" de FREMAP y ASEPEYO "negando la limitación funcional" para realizar la citada actividad. "Más les valdría a las Mutuas patronales destinar sus recursos en asesorar a la empresas en una gestión preventiva de calidad, que sería más beneficiosa y rentable para todos", ha enfatizado.
En este contexto, CCOO ha manifestado que "se reserva el derecho" a reclamar un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad ante la "escandalosa pasividad" de la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco ante "el incumplimiento absoluto de las obligaciones preventivas".
A su entender, la Inspección de Trabajo "debe implicar a los Servicios de Prevención implicados en el fraude a asumir de forma co-responsable las cantidades por Recargo, al haber engañado a trabajadores y empresas".