Tras cinco años de la COVID-19 nos queda:

Mayor vigilancia de la salud. Se ha reforzado el valor de la vigilancia de la salud laboral, su papel en la actualización de la información de los riesgos y daños de la población trabajadora, y la necesidad de invertir en recursos con demostrado alto retorno de la inversión (ROI).

Mayor valor de la medicina del trabajo. Visibilidad y reconocimiento de su importancia en labor rigurosa en la mejora de la salud del trabajador y en la prevención de las enfermedades.

Demostrada eficacia de los servicios de prevención. Su aportación en la pandemia, tanto en términos de salud como en la valoración y apoyo a primaria en la incapacidad, demostró su alto potencial, y la necesidad de contar con su apoyo y mayor desarrollo normativo, ante los nuevos retos y riesgos.

Secuelas 

Atasco sanitario. La situación de nuestro sistema sanitario público, ya evidenciaba distorsión entre la demanda y la prestación de servicios atencionales, así que la Covid, sólo agravó el problema estructural preexistente, del que no ha existido sino empeoramiento progresivo y sin que se vea mejora alguna.

Peor salud mental. El deterioro de la salud mental y más si lo evidenciamos con datos de la incapacidad laboral nos revela un panorama desolador un 60% más de bajas por problemas de salud mental en los últimos cinco años, y una mayor duración las bajas. La pandemia ha incrementado entre un 25 % y un 27 % la prevalencia de la depresión y la ansiedad a escala mundial.

Covid Persistente, condenado al olvido. No se registraron sus casos, no se avanzó en la atención de los afectados, y los pacientes estiman no se valora adecuadamente su situación laboral.

No reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional a todos los efectos. Cerrada la pandemia, se concluyó con el no reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional, ni de sus secuelas la covid Persistente, para el personal sanitario y socio sanitario, y las consecuencias que de ello se derivan a futuro.